El Concejo aprobó hace unas semanas una solicitud al Ministerio de Trabajo provincial para que intervenga y verifique las condiciones laborales del personal de las empresas de seguridad privada contratadas por el municipio. En la sesión del pasado jueves, los ediles avanzaron y votaron otra iniciativa: impedirle a esas empresas presentarse en futuras licitaciones si se detectan irregularidades en las fiscalizaciones. El proyecto impulsado por los concejales de Unidad Ciudadana, Andrés Giménez y Marina Magnani, apunta a acompañar la denuncia de irregularidades en las condiciones de contratación de los trabajadores y trabajadoras de las empresas que prestan servicio de seguridad privada en dependencias del municipio y provinciales, realizada por la delegación Rosario del Sindicato de Seguridad e Investigación Privada (SSIP). Desde el gremio plantearon que algunos trabajadores se encuentran registrados por menos horas de las que trabajan, las horas extras no son remuneradas y no se reconoce salarialmente una tarea que en muchas ocasiones resulta peligrosa. «Es un hecho de gravedad que se precarice el trabajo y no se respeten derechos laborales básicos en dependencias estatales», dijo Magnani.
Según precisaron, actualmente son 400 los empleados y empleadas que desempeñan tareas en las tres empresas de seguridad privada -Bunker, Prosegur y Advent- ganadoras de las licitaciones municipales. «Manifestamos nuestra preocupación por las condiciones laborales del sector, que si bien no es personal municipal, ya que el servicio de seguridad se ha tercerizado, sí desarrollan sus actividades en el marco institucional del municipio», indicó Magnani.
«La situación es de mucha precariedad. Las empresas que tienen mayor cantidad de personal y de contratos en general respetan el convenio colectivo, pero hay otras más chicas en las que generalmente se dan las irregularidades. Nos han comentado los empleados que fiscalizan en lugares muy céntricos, muy visibles, donde los empleados están anotados por las horas que corresponden, y a lo mejor nadie va hasta un centro de salud en un barrio», explicó la titular del bloque Unidad Ciudadana.
Al Palacio Vassallo no sólo llegan las denuncias de precarización de las empresas de seguridad privada. Magnani contó que también las reciben de cooperativas que son prestadoras del Estado y tienen regímenes laborales encubiertos: «En este caso puntual nosotros proponemos que las empresas que violen la normativa laboral vigente, no puedan participar en licitaciones futuras».
Por su parte, delegado regional del sindicato, Leonardo Raparo, expresó que en la organización gremial esperan «una respuesta favorable ante este reclamo por parte del Ministerio de Trabajo y de las autoridades municipales, ya que son responsables solidarios y deben velar por el derecho de los trabajadores. Estamos abiertos al diálogo que se pueda generar de ambas partes».
El SSIP que conduce a nivel nacional Federico Galeano está en pleno proceso de reorganización, con presencia efectiva para defender los derechos de los trabajadores del sector. Durante muchos años, las empresas fueron las que se encargaron de armarlo, pero fundamentalmente lo que hicieron fue invisibilizarlo. Es un sindicato muy poco conocido y los trabajadores tienen pocos vínculos. En Rosario, inauguraron hace dos meses la sede gremial en una galería céntrica.
Fuente: Página 12
